Desde que se
promulgó la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, una de
las medidas estrellas de este Gobierno, le han llovido críticas desde diversos
sectores del mundo jurídico.
La mayoría de las éstas
vienen a señalar la falta de ambición del legislador, su ley apenas
introduce cambios estructurales en el sistema hipotecario, y las medidas
sociales propuestas para la protección del deudor hipotecario tienen un ámbito
de aplicación excesivamente estricto, que provoca que su aplicación se reduzca
a un grupo muy reducido de personas inmersas en procedimientos de
desahucio.
Sin embargo, la
falta de ambición no es lo único que puede reprochársele al legislador, y es
que la ley, prevista y anunciada como una forma de aliviar la situación de los
deudores hipotecarios y de frenar los abusos de las entidades financieras
prestatarias, se puede volver contra los propios consumidores.
La reforma viene
motivada, entre otras circunstancias, por la STJUE de 14 de marzo de 2013. En ésta,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había llamado la atención al Estado
español sobre los elevados intereses por demora impuestos por las entidades
crediticias a consumidores, que llegaban incluso al 29% anual. Consideraba el
Tribunal que estos porcentajes podían ser abusivos y contrarios al Derecho
Comunitario, conminando al juez nacional a valorar si existía abuso o no
tomando como referencia el interés legal del dinero (4% en 2014).
Uno de los puntos
clave de la reforma era por lo tanto la reducción legal de los intereses
moratorios que imponían los bancos a sus clientes en la firma de la hipoteca
sobre vivienda habitual. Se modificó así el artículo 114 de la Ley
Hipotecaria introduciendo un nuevo párrafo, en él se estipula que solo podrán
devengarse intereses sobre el principal pendiente de pago. Además, salvo en el
supuesto del artículo 579.2 LEC los intereses no podrán ser capitalizados. En
la disposición transitoria segunda se estipula además, que esta limitación será
aplicable a los préstamos vigentes.
Estas medidas son en todo punto dignas de
elogio, por cuanto contribuyen a paliar el abuso contractual que sufrían los
deudores hipotecarios ante el exponencial crecimiento de su deuda al devengarse
intereses sobre intereses a su vez ya devengados.
Sin embargo, donde el legislador comete un
atropello al consumidor es en el límite que fija para los intereses moratorios: tres
veces el interés legal del dinero.
Esta medida, que
en principio parece restrictiva para las entidades financieras y favorable para
el consumidor, no lo es en la práctica, y no lo es porque los tribunales
españoles venían limitando los intereses moratorios con más contundencia que la
prevista en esta ley.
En concreto numerosa
jurisprudencia menor venía considerando como abusivos los intereses moratorios
que superaban en más de 2,5 veces el interés legal del dinero, basándose
para ello en el artículo 19.4 de la Ley 7/1985 de la Ley de Créditos al
Consumo, que establece lo siguiente:
En ningún caso se
podrán aplicar a los créditos que se concedan, en forma de descubiertos en
cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de interés que dé
lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del
dinero
Al aplicarse un
interés de demora superior, se está incurriendo en un abuso, y así lo venía
declarando también el Tribunal Supremo, por ejemplo en Sentencia 578/2010 de 23
septiembre en la que argumentaba literalmente:
“Declarada abusiva
la cláusula que impone el interés moratorio en el 29% anual, se declara la
nulidad parcial de la misma en el sentido de fijarlo en un montante que resulta
no de la aplicación analógica, ni mucho menos la aplicación retroactiva de la
Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, sino, como antes se ha
dicho, inspirándose en ella, como interpretación, fijando la tasa anual
equivalente en 2,5 veces el interés legal del dinero […]”
A partir de esta reforma, los tribunales no podrán menos que abandonar esa construcción teórica inspirada en la Ley de Créditos al Consumo y ajustarse al
nuevo texto legal, con el consiguiente perjuicio al consumidor que ve, como
una medida prevista especialmente para protegerlo, no hace sino dejarlo en una
situación considerablemente peor a la que ostentaba antes.
17:23
Ignacio MdlT
